Mariano Navarro (psicólogo): «La huelga de pagar el alquiler es como si hacemos huelga de pagar en el supermercado»

La huelga de alquileres en España: un conflicto entre la necesidad social y los límites legales La situación en España con el alquiler trae de cabeza a todos los jóvenes de este país. Con la accesibilidad a una vivienda casi imposible y la subida de sueldos totalmente parada, parece que la única solución es el alquiler. El problema es que estos no paran de subir en todas las ciudades. Los inquilinos comienzan a estar cansados y ya se organizan huelgas por toda la nación. Los precios del alquiler han alcanzado cifras récord, llegando en algunas ciudades como Madrid o Barcelona a absorber más del 60% del salario medio de los inquilinos, una situación insostenible para miles de personas. Aunque desde algunos sectores se apela a la historia y a los derechos sociales, jurídicamente la huelga de alquiler no tiene amparo legal en España. A diferencia de países como EE. UU. o Canadá, donde sí existe esta figura como herramienta de protesta legal, en el ordenamiento español el derecho a huelga se limita al ámbito laboral (art. 28.2 de la Constitución Española), por lo que cualquier impago sería considerado un incumplimiento de contrato. Los beneficios potenciales de una protesta masiva serían políticos y simbólicos: visibilizar la crisis, presionar a las administraciones públicas y forzar medidas estructurales. Pero los riesgos individuales son altísimos, especialmente para quienes no tienen respaldo económico o legal. La huelga de alquileres se sitúa en el cruce entre una emergencia social real y un marco legal restrictivo. Es una llamada a la atención sobre un problema que afecta a millones de personas, pero también un riesgo considerable para quienes participen sin protección legal. El economista Javier Díaz-Giménez ha criticado la propuesta, comparándola con que “un jefe decidiera no pagar a sus empleados”, y calificándola de “problema añadido”. Desde el Sindicato de Inquilinas, sin embargo, Ruth Galán defiende que “la vivienda es un bien de primera necesidad” y que “las cláusulas abusivas deben combatirse colectivamente”.
Expertos legales como Matilde Cuena (UCM) o José Merino (COAPI) advierten que “no pagar el alquiler no es una huelga, es una falta de cumplimiento contractual”, con consecuencias legales, económicas y reputacionales graves para los inquilinos implicados.

La Tarde con Marina