La prisión preventiva, a debate

Europa abusa de la prisión preventiva: uno de cada cinco encarcelados no ha
tenido juicio
Casi 100.000 presos en la Unión Europea (UE) tienen algo en común: están encerrados
aunque no hay sentencia firme que les condene. Y es que, pese a las profundas
consecuencias económicas, sociales y personales que supone la entrada en prisión.
Un informe de la organización Fair Trials critica la prisión provisional en España. A través de
un comunicado donde presentan los resultados de la investigación, la entidad denuncia que
las ‘leyes amplias contra el terrorismo afectan negativamente a los derechos humanos en
España’.
Las leyes ambiguas han provocado violaciones de la libertad de expresión y su práctica
preventiva, a menudo combinada con la legislación antiterrorista, infringe el derecho a la
libertad’, exponen. De esta manera, insisten en que ‘la excesiva discreción que el derecho
penal español deja a los jueces está perjudicando fundamentalmente el estado de derecho
en el país’.
El uso excesivo de la detención preventiva y la ‘falta de medidas alternativas siguen siendo
problemas sistémicos’ en España, recoge el informe, que recuerda que el número de
detenidos en el país sigue siendo elevado’ en general. Así, se destaca que desde la última
Revisión Periódica Universal, ‘no ha habido desarrollos legislativos o prácticos que
reducirían el uso de la detención preventiva a España ni hay planos de futuro para introducir
esta legislación’.
Pese a las profundas consecuencias de la decisión de enviar a alguien a prisión provisional,
muchas veces el juez no tiene suficiente información ni tiempo para evaluar a fondo cada
caso. “La mayoría de estas vistas suceden literalmente en minutos”, cuenta Baudrihaye. La
mayoría de las personas expertas entrevistadas para este reportaje coinciden en algo: en
ocasiones, son decisiones casi automáticas, sin evaluación individual.
Los países de la Unión Europea tienen reglas muy similares para enviar a alguien a prisión
provisional. La primera tiene que ver con que haya suficiente evidencia en su contra y que
sean crímenes graves, no pequeñas ofensas: en España, por ejemplo, solo se puede
aplicar si el delito supone penas de dos años o más, excepto en reincidentes,
organizaciones criminales o violencia machista.
Aunque la prisión provisional debería ser el último recurso, dando prioridad a otras medidas
menos radicales como las tobilleras electrónicas o presentarse en prisión cada tanto, las
cifras muestran que no es así.

La Tarde con Marina